Por más democracia (4)

Las opiniones sobre los eventos en Egipto tienen todos los colores y aromas. Las hay a favor y en contra del golpe de estado, y muchas encuentran al mismo Morsi responsable de su derrocamiento: una “historia de un derrocamiento anunciado,” parafraseando a García Márquez. Para los venezolanos, los argumentos a favor del golpe pueden sonar conocidos. De todos modos, es importante conocerlos – basados en nuestra teoría de que lo que pasa en Egipto sigue pareciendo la improbable historia de nuestro futuro inmediato.

El artículo traducido a continuación fue publicado por Hdeel Abdelhady, un abogado egipcio basado en Washington, DC, que contribuye de vez en cuando con Ahram Online, la versión de internet del periódico más antiguo de Egipto –fundado en 1875- el 20 de Julio de 2013, a dos semanas del golpe de estado.

“El apresurado juicio superficial de Egipto.”

¿Qué acaba de pasar en Egipto? ¿Un golpe militar? ¿Una segunda revolución?¿Un golpe a la democracia?

Publicado por Hdeel Abdelhady en AhramOnline el 20 de Julio de 2013.

En las ondas de radio y en las páginas de noticias los juicios han sido rápidos, numerosos y demasiado enfocados en las definiciones. El diccionario en línea Merriam Webster informó que las búsquedas de “coup d’etat” alcanzaron un pico el 4 de Julio y continuaron altas esa semana, en respuesta a la cobertura noticiosa de Egipto.

Los actores políticos y los comentaristas han concluido precipitadamente (y algunos convenientemente) que la destitución de Morsi ha socavado la democracia, la legitimidad y la legalidad en Egipto. Una consideración completa de lo que pasó en Egipto –así como del porqué los eventos se desenvolvieron del modo en que lo hicieron- indica que los daños a la democracia, la legitimidad y la legalidad podrían no estar tan claros como lo sugieren las opiniones prevalecientes.

La urna no es igual a la democracia.

Hosni Mubarak y Mohamed Morsi fueron destituidos exactamente de la misma manera. Millones de personas tomaron las calles, el ejército intervino y el presidente fue destituido. Debido a que Morsi fue electo justamente, su destitución con la asistencia de las fuerzas armadas fue un “golpe” a la democracia. La distinción de los hechos subyacente es correcta, pero la conclusión es errada.

La urna no es ni la garantía de la democracia ni un indicador concluyente de su existencia. Y la democracia no es un hecho aislado o recurrente, sino un proceso continuo. Aún aquellos que confían en los diccionarios para extraer conclusiones deberían saber esto. El diccionario Merriam Webster define a la democracia primeramente como (a) “el gobierno por el pueblo; especialmente, el gobierno por la mayoría” y (b) “un gobierno en el cual el poder supremo reside en el pueblo que lo ejerce directamente o indirectamente a través de un sistema de representación que usualmente incluye elecciones libres celebradas periódicamente.”

Morsi era escasamente democrático en su primer año. Más que ejercer el poder legítimamente ganado para y de acuerdo con los propósitos con que se le dio, Morsi consolidó el poder para llevar adelante una agenda política e ideológica estrecha que carecía de consentimiento o conocimiento público. A veces, el Egipto de Morsi parecía más los “Hermanos Musulmanes C. A. con la marca comercial Egipto” que una república. La elección justa de Morsi le dio un mandato para gobernar, no una carta blanca para remodelar la presidencia y el estado para acomodarlos a unos objetivos estrechos. Sus acciones como presidente contravinieron los principios democráticos.

La “legitimidad constitucional” de Morsi.

En sus días finales como presidente, Morsi defendió repetidamente su “legitimidad constitucional.” Su posición era discutible, pues el mismo pedigrí constitucional de la proclamada legitimidad constitucional de Morsi –la Constitución de Diciembre de 2012- estaba en duda. A comienzos de Junio de 2013 la Corte Suprema Constitucional (CSC) dictaminó, después de meses de considerarlo, que la asamblea constituyente que redactó la Constitución del 2012 no tenía validez. El dictamen ensombreció la legitimidad constitucional de Morsi, pues su base era la fruta de un árbol venenoso. Que la constitución de Diciembre de 2012 hubiese sido redactada mayormente por los aliados de Morsi y que hubieran pasado una aplanadora por el proceso de referéndum sobre las objeciones de diversas voces manchó aún más la posición constitucional de Morsi.

La legalidad de la intervención militar.

La conclusión de que la destitución de Morsi con ayuda de las fuerzas armadas fue una violación de la ley supone que los militares no tenían una base legal para actuar o que los procedimientos alternativos para su destitución estaban disponibles, pero no fueron agotados. Ambas suposiciones son defectuosas. La intervención de las fuerzas armadas podría justificarse por razones constitucionales afirmativas o bajo la doctrina legal de la necesidad.

El Artículo 194 de la Constitución de Diciembre de 2012 ahora suspendida (notoriamente en la sección sobre la autoridad del ejecutivo) prevé, sin límites, que: “Las Fuerzas Armadas le pertenecerán al pueblo. Su deber es proteger el país, y preservar su seguridad y territorios.” En principio, los militares actuaron de acuerdo con su autoridad constitucional cuando efectuaron la destitución del presidente en el interés nacional y en respuesta a la demanda de millones del “pueblo”.

Alternativamente, la acción de los militares estaba justificada por la necesidad, una doctrina operativa en la ley egipcia (y en la ley islámica, la ley internacional, y en otros sistemas legales nacionales en diferentes contextos) que justifica o excusa los actos ilegales o extra-legales precipitados por circunstancias excepcionales. Los eventos que llevaron a la destitución de Morsi fueron de hecho extraordinarios. Millones de personas estaban en las calles. Era probable que se produjera la desobediencia civil y las huelgas generales. El país estaba crecientemente fracturado por líneas ideológicas y sectarias. Ningún procedimiento constitucional civil estaba disponible para destituir a Morsi o hacer contrapeso a su poder. Y no había ninguna solución política a la vista.

La Constitución de Diciembre de 2012 incluía la destitución de un presidente en funciones sólo a través del enjuiciamiento por la cámara baja del Parlamento, pero la cámara baja había sido disuelta por orden judicial el 14 de Junio de 2012. Por lo tanto, se imposibilitaba la destitución parlamentaria del presidente.

En cuanto a la conciliación política, Morsi impidió esa opción. Morsi fue notificado con amplia anticipación de que una solicitud para su destitución estaba ganando fuerza y que se habían planificado protestas masivas para el primer aniversario de su periodo. Según los informes, los militares, luego de consultar con las fuerzas políticas, le presentaron a Morsi varias opciones para desactivar la creciente crisis; incluyendo nombrar un nuevo gabinete o llamar a un referéndum sobre la continuación de su presidencia. Morsi rechazó las propuestas y no ofreció ningún mapa de ruta propio, excepto luego de que la ventana para la conciliación se había cerrado.

Sin el consentimiento de Morsi y en ausencia de la cámara baja del Parlamento, no era posible ni un cambio de gabinete ni un referéndum. Como resultado, todos los procesos constitucionales civiles para impugnar la autoridad o el mandato del presidente fueron descartados. Constitucionalmente, sólo la cámara baja del Parlamento podía haber forzado la renuncia del primer ministro (y del gabinete) a través de un voto de confianza negativo. Sólo Morsi podía haber iniciado un referéndum sobre su presidencia bajo la Constitución de 2012. En ausencia de contrapesos constitucionales al poder del presidente, le tocaba al presidente ejercer el poder sabiamente. Al rehusarse a un compromiso frente a probabilidades desfavorables, Morsi selló su propia suerte.

En la arena política, se seleccionarán los argumentos legales y los hechos para apoyar un resultado deseado. Pero los debates sobre las definiciones que elevan la semántica por encima de la sustancia sólo simplifican lo complejo, y tienden a engañar. En adelante, una consideración más completa de los eventos producirá mejores lecciones. Entre las muchas lecciones del 3 de Julio y el periodo de transición anterior, hay una para los presidentes egipcios de hoy y de mañana: Un exceso de poder, ejercido sin caridad, sin autocontrol, y en perjuicio de los contrapesos y equilibrios, es una receta para la caída. Que tenga cuidado el titular. 

Por más democracia (3)

En el mundo de comunicaciones instantáneas que hoy disfrutamos, ver los parecidos entre los eventos políticos de países que parecen lejanos es cada vez más fácil. Por eso insistimos en mirar a los acontecimientos en Egipto y otros países, que nos permiten aprender “en cabeza ajena” sobre nuestro propio presente y los futuros posibles.

El artículo que sigue, publicado por Daron Acemoglu y James A. Robinson en Foreign Policy el 5 de Agosto de 2013, es otro ejemplo llamativo de las lecciones que podemos aprender de Egipto.

La serpiente que se devora a sí misma.

Porqué los golpes generan golpes que generan golpes.

Publicado por Daron Acemoglu y James A. Robinson en Foreign Policy el 5 de Agosto de 2013.

El sistema político turco –intentando forjar una síntesis entre unas fuerzas armadas fuertes y políticamente activas, la élite más acomodada, educada (y a menudo burocrática) y la mayoría empobrecida, conservadora y musulmana- solía ser promocionado como un modelo a seguir para el resto del Medio Oriente. Las manifestaciones recientes contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan han dado a entender que la democracia turca es mucho más frágil, y en muchas formas más superficial, que lo que muchos sospechaban. Pero a pesar de los eventos recientes, todavía hay lecciones importantes de la historia turca para el resto de la región –particularmente para Egipto.

Los problemas de la democracia turca en los últimos 70 años, y el impasse actual creado por la actitud de línea dura del gobierno hacia los manifestantes pacíficos, reflejan una polarización muy arraigada en la sociedad, que se ha desarrollado durante décadas. Pero también ha sido explotada por facciones rivales y caudillos cuando pensaron que la polarización podía serles políticamente útil.

La polarización de Turquía, así como la de Egipto, a menudo la pintan desde el exterior como un choque entre los liberales occidentalizantes y las élites por una parte, y las masas tradicionales y religiosas. Esta imagen es sólo parcialmente verdadera –y principalmente engañosa. El conflicto esencial en ambos países debería verse enraizado en desigualdades políticas, sociales y económicas.

El gran economista Simon Kuznets argumentó que las etapas tempranas del desarrollo económico deben necesariamente estar asociadas con un aumento en la desigualdad. La modernización económica y social de hecho ha creado profundos abismos en muchas sociedades en América Latina, Asia y el Medio Oriente. Pero no hay nada natural en estas desigualdades. Más bien, ellas reflejan el hecho de que las oportunidades están distribuidas muy desigualmente, particularmente en los tempranos días del desarrollo, a menudo abiertas sólo a aquellos que ya controlan el poder político, u ocupan posiciones de privilegio en la sociedad.

La injusticia de este proceso de desarrollo, así como el sentido de injusticia que genera que a menudo excede la realidad, yace bajo la tendencia a la polarización en estas sociedades.

A pesar de que las líneas de falla en estos países se centran en el abismo entre los que tienen y los que no tienen, la consiguiente polarización toma diversas apariencias. En muchas partes de América Latina los que quedan rezagados, sin poder político ni oportunidad económica, son a menudo comunidades indígenas o mestizas, que sienten agudamente la injusticia de este proceso de desarrollo atrofiado. Ellos son los que no tienen acceso a la educación, a la salud pública, a las carreteras o a una voz política. No sorprende que sean ellos los que asocien a la modernización con su situación difícil, y se agrupen en torno a líderes populistas como Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en el Ecuador.

En Egipto y Turquía los rezagados a menudo son los millones que viven en las ciudades provinciales y el campo o han emigrado recientemente de allí. Estos grupos son la base islamista, pero aún cuando la defensa de la religión y la tradición se vuelven sus consignas, cabría preguntarse cuánto de sus reclamos se remonta a la exclusión política, social y económica. El principal problema que enfrenta la democracia en muchas sociedades, particularmente en Turquía y Egipto, es conciliar estas divisiones mientras crea un sistema político y una economía más incluyentes.

Allí es donde Turquía ha fracasado muchas veces en su historia, y Egipto debería haber prestado atención a esas lecciones. Por desgracia, Egipto está siguiendo la misma senda peligrosa.

¿Demasiado dramático? Veamos los hechos.

Como en Egipto, la primera transición a una verdadera democracia multi-partido en Turquía fue un proceso doloroso, que no llegó sino hasta 1946, con la fundación del Partido Demócrata (PD), un partido conservador favorable a los empresarios, que deseaba apartarse del enfoque piramidal de las fuerzas armadas y las élites burocráticas y dirigirse a las prioridades de las masas. Dos experimentos anteriores sin entusiasmo con una democracia multi-partido controlada fueron truncados por Mustafa Kemal Atatürk, cuando resultó que la oposición leal atrajo mucho más apoyo del que podía tolerarse.

En 1950, para gran decepción y temor de los militares y las élites del estado, el PD, conducido por su líder Adnan Menderes, llegó al poder con una victoria aplastante en las elecciones. Quizás inevitablemente, dado que su base era más pobre, más provinciana, menos educada y más religiosa, su retórica era populista y teñida de Islam, amargándole aún más la vida a las élites estatales.

Pero los líderes del PD, ellos mismos destetados de la política dentro del partido gobernante antes de 1946, tampoco eran ángeles. La corrupción era rampante. Lo que es más, una vez que vieron caer su popularidad, adoptaron por completo el manual de instrucciones de sus rivales y le subieron el volumen a la represión. Los periódicos empezaron a salir con grandes columnas en blanco, donde habrían estado los artículos censurados a último momento.

Entonces, en Mayo de 1960, vino un golpe militar, ampliamente apoyado por la burocracia, las élites intelectuales y los “liberales” turcos supuestamente pro-democracia. El entusiasmo era palpable: los militares estaban salvando a la democracia del PD y de Adnan Menderes, arrebatándole el poder a las masas consideradas demasiado inmaduras para la democracia o la política, y colocando el poder firmemente en las manos de los más cultos. Las fuerzas armadas se movieron rápidamente para llevar a la horca a tres de los líderes del PD –incluyendo al mismo Adnan Menderes.

Envalentonados por la experiencia, los militares intervendrían tres veces más en la política turca en los siguientes 40 años, profundizando en ese proceso la polarización de la sociedad entre las élites y el resto.

Hoy todavía se ven los ecos de esta polarización. Las protestas pacíficas en todo el país se enfrentan con la brutal represión de la policía y la actitud intransigente de Erdogan y su partido gobernante AKP, con todo el apoyo de sus leales partidarios. Ellos ven las protestas como otro intento más de las élites educadas, seculares y pro-militares de conservar el poder. Esto es algo comprensible dado que –apenas en Abril de 2007- los militares, apoyados por esas élites y el tribunal constitucional, trataron de derrocar al AKP y cerrarlo (el gobierno no renunció, al tribunal constitucional se le enfriaron los pies a último momento y el AKP y su gobierno sobrevivieron).

¿Qué habría pasado en la política turca sin el golpe militar de 1960? Quizás Menderes y otros miembros de la élite del PD hubieran dañado irreparablemente la economía o de algún modo arreado a la sociedad a la sumisión total antes de la siguiente elección, estableciendo eficazmente su propia dictadura. Pero esto parece poco probable. Mas bien, los habrían sacado a patadas del poder en la siguiente elección, cementando la reputación de la democracia turca.

Mirando a través de este cristal, la situación en Egipto es bastante parecida. Igual que el PD en Turquía, una vez que llegaron al poder, los Hermanos Musulmanes abandonaron todo el barniz conciliador, en busca de compromisos, que proyectaban antes de las elecciones. Y con toda seguridad, Mohamed Morsi comenzó a volverse autoritario, intentando poner a su gente en posiciones de poder dentro de la burocracia del estado. Y sí, de nuevo como en Turquía hacia el final del gobierno del PD, la economía estaba enferma.

Entonces, ¿qué habría pasado sin el golpe que tuvo lugar el 3 de Julio de 2013, que sacó ignominiosamente a patadas a Morsi del poder y lo llevó a una cárcel militar?

De nuevo, nadie sabe. Es posible que la economía hubiese sido dañada tan profundamente que estallaran protestas aún mayores y más violentas. Los Hermanos Musulmanes podrían haber tomado las arterias del poder tan completamente que hubiesen podido establecer su propia dictadura, bloqueando eficazmente cualquier camino temporalmente abierto hacia una democracia verdaderamente incluyente, donde el poder se compartiese pluralistamente en vez de ser empuñado sin ningún compromiso por quien se encontrase al mando en ese momento.

Pero este escenario parece tan poco probable como el de que el PD en Turquía estableciese su propia dictadura frente a una oposición fuerte, movilizada. Ya había un fuerte descontento con Morsi y su gobierno, testimoniado por más de 22 millones de firmas solicitando su renuncia antes de que tuviera lugar el golpe. Con este nivel de oposición en una sociedad ya movilizada, ¿podrían realmente los Hermanos Musulmanes establecer su propia dictadura antes de la siguiente elección?

Igual que en Turquía en 1960, lo que realmente le hacía falta a Egipto era que los que habían llegado al poder por primera vez perdieran una elección. No porque el otro lado no pudiese soportar la idea de que aquellos que habían sido vistos como ciudadanos de segunda clase durante tanto tiempo se sentaran en el palacio presidencial, sino simplemente porque no estaban gobernando bien. Porque simplemente perdieron el apoyo de la gente común y tenían que irse del mismo modo que vinieron, a través de elecciones.

Igual que en Turquía, Egipto necesitaba garantías a ambos lados de que la política puede ser incluyente, con cada segmento de la sociedad, sin importar el credo, la religión, género y estatus social, compartiendo el poder. En cambio, en la primera hora del reto democrático, Turquía obtuvo la pesada bota de los soldados, no sólo aplastando su floreciente democracia sino manchando a sus intelectuales y sus élites en el hecho. Igual pasó en Egipto.

El fracaso de las élites turcas en tolerar la inclusión de grandes segmentos de la población en el sistema político y la violencia desenfrenada que ejercieron sobre líderes políticos que no eran de su gusto, polarizó más a la sociedad y endureció a los que quedaron fuera del poder. Dejó a los que les negaron una silla en la mesa política sin verdadera convicción en la política democrática. Lo mismo está pasando en Egipto.

No hay una solución fácil, pues la espiral se alimenta a sí misma. Pero muchos países han mostrado cómo se la puede romper desarrollando e institucionalizando un equilibrio del poder en la política, en lugar de vivir simplemente con la dominación de un grupo sobre el resto de la sociedad. Sin embargo, este es un proceso lento, que no es probable que despegue pronto en ninguno de los dos países.

Un cambio más rápido puede venir de líderes con visión y coraje, como lo ejemplifican los esfuerzos incansables de Nelson Mandela para cerrar el enorme abismo entre los negros y los blancos en Suráfrica. Sus gestos para construir una “nación arcoíris” multirracial e incluyente llegaron a la cima cuando vistió la camisa del equipo de rugby, los Springboks, asociado tradicionalmente con el estado racista de apartheid y represión contra los negros, dando una señal a los que estaban fuera del gobierno que ellos todavía estaban, y continuarían estando, incluidos en el poder –sus voces serían escuchadas, sus derechos serían respetados.

Por desgracia, nadie en Turquía o en Egipto ha mostrado ni la mitad de ese coraje. Pero todavía podemos esperar con optimismo, consolándonos con que romper la espiral de la polarización requiere paciencia. 

Por más democracia (2)

Como en los artículos anteriores, en esta ocasión podemos aprender mucho de lo que se dice sobre Egipto, e imaginar lo que podría pasar con nosotros.

No todo el mundo piensa igual sobre la democracia y el papel que debe jugar Estados Unidos para promoverla. Mucha gente en ese país ve con disgusto las actividades del gobierno de Washington, y recuerda los muchos desaguisados en los que ha estado involucrado en el pasado, reciente o lejano. En el caso de Egipto, igual que en el nuestro en Venezuela, se oyen críticas airadas sobre la política exterior de la mayor potencia militar del planeta. A continuación hay un esclarecedor ejemplo, en un artículo publicado por Doug Bandow en el sitio web del Instituto Cato:

“Es tiempo de que Washington cierre la boca sobre promover la democracia.”

Publicado por Doug Bandow en www.cato.org el 2 de Agosto de 2013.

El régimen militar en El Cairo continúa matando partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi con apoyo financiero de Washington. La administración Obama está convirtiendo a la hipocresía en un arte.

Washington trabaja bajo la ilusión de que controla al mundo. La administración insiste en que debe conservar su influencia dándoles más dinero a los generales en El Cairo. Sin embargo, ¿cuándo ha ejercido influencia EEUU en Egipto?

Por cuatro décadas los contribuyentes estadounidenses han subsidiado regímenes dictatoriales. La administración trató de salvar al antiguo presidente Hosni Mubarak de la revolución, antes de apoyar su derrocamiento. Los intentos de Washington de convencer a Morsi de que gobernase más inclusivamente, y al comandante militar Gen. Abdel Fattah al-Sisi de no dar un golpe de estado, fallaron completamente. Ahora el líder del golpe está ignorando ostentosamente el pedido de la administración de que no fuerce a los Hermanos Musulmanes a la clandestinidad.

Sin embargo, el presidente Obama rehusa reconocer el golpe militar, que bajo la ley estadounidense requeriría cortar la ayuda de los EEUU a Egipto. Si eso ocurriese, dice la administración, ¡el Gen. Al-Sisi podría ignorar los consejos estadounidenses!

Como lo señalo en mi última columna en Forbes:

“Hubiera sido mejor hace años si los funcionarios americanos simplemente se hubiesen callado y no hubiesen hecho nada. No se habría desperdiciado dinero. No se hubiera exhibido la impotencia de Washington. Los EEUU no hubieran sido cómplices de décadas de gobierno militar.

Por desgracia, Egipto no es el primer ejemplo en el cual el gobierno de los EEUU ha conseguido parecer estúpido mientras gasta un montón de dinero. De hecho, esa es mucho más la regla que la excepción.

Por décadas Washington ha regalado miles de millones de dólares por año de ayuda “económica”. ¿Quiénes están entre los afortunados beneficiarios? Comunistas chiflados como la Rumania de Nicolae Ceausescu y la Etiopía de Mengistu Haile Mariam.”

Como en Egipto, los déspotas locales aprendieron rápidamente que los funcionarios de los EEUU detestan admitir un fracaso y terminar con la ayuda. Así que el dinero continúa fluyendo sin importar lo demás.

Alrededor del mundo, los funcionarios de Washington hablan alegremente de la importancia de la democracia mientras respaldan ostentosamente una autocracia. Hoy la hipocresía es más flagrante en Asia Central y el Medio Oriente. De hecho, la administración alabó la “Primavera Árabe” mientras apoyaba la represión en Bahrain, Arabia Saudita y ahora en Egipto.

Se ha derramado mucha tinta recientemente sobre conservar la credibilidad estadounidense luego de que el presidente Obama hiciera que el uso de armas químicas por Siria fuese una “línea roja” para la intervención. De hecho, rutinariamente Washington traza líneas rojas sin ningún significado alrededor del mundo, que son rutinariamente ignoradas.

¡Los funcionarios estadounidenses nunca aprenden!

En Egipto, Washington ha mezclado por partes iguales la hipocresía y la inutilidad. Los funcionarios de EEUU nunca se contentan con callarse la boca y quedarse en casa. Si el presidente Obama quiere dejar un legado positivo de política exterior, debería hacer y decir menos en el exterior.”

Por más democracia:

La situación de Egipto puede parecer, a veces, la posible historia de nuestro futuro cercano. Es un ejemplo de las cosas que pueden pasarnos, si tomamos las mismas decisiones que ellos. Por eso es importante darle un vistazo, y pensar un poco en nuestro presente.

Lo que sigue es la traducción de un artículo por Reza Aslan, sobre el golpe de estado en Egipto, y las razones por las que no deberíamos apoyarlo. Por supuesto, si consideramos que el gobierno Morsi era una especie de “madurismo islámico”, al menos a la mitad de los venezolanos se nos hace inmediatamente claro que no se podía continuar con ese gobierno, y que salir de ese régimen era una necesidad tan vital como respirar – suponiendo que las condiciones para poder salir de él estuviesen dadas. Para ahondar en esta idea, luego sigue un artículo de Michael Wahid Hanna, donde se explica la responsabilidad de Morsi en causar la situación política egipcia actual.

Egipto: Las devastadoras consecuencias de la revolución anti-Morsi.

Publicado por Reza Aslan el 2 de Julio de 2013 en Sneak Peek.

Un partido islamista gana unas elecciones justas y libres y luego es derrocado por un golpe militar, tácitamente animado por la oposición liberal y secular, muchos de los cuales prefieren una dictadura militar a una democracia gobernada por conservadores religiosos. Si este escenario le suena familiar, es porque lo hemos visto antes.

En 1991, el Frente Islámico de Salvación (FIS), un grupo político islámico, ganó la primera vuelta de las primeras elecciones multi-partido de Argelia desde que el país ganó su independencia en 1962. Cuando las encuestas predijeron que el FIS ganaría una mayoría absoluta en el parlamento argelino en la segunda vuelta de las elecciones, los militares repentinamente intervinieron y anularon las elecciones. El golpe de estado radicalizó a los islamistas y llevó a una década de guerra civil que tuvo como resultado más de 100.000 muertos.

Puede que no sea una analogía perfecta, pero es difícil no pensar en Argelia cuando uno ve lo que está pasando en Egipto. Después de que millones de manifestantes inundaron las calles en todo el país el domingo, demandando la salida de Mohamed Morsi, el primer presidente electo democráticamente en ese país, los militares egipcios emitieron un comunicado diciendo que el gobierno de Morsi tenía 48 horas para responder al levantamiento actual antes que ellos intervinieran con un “mapa de medidas impuestas bajo la supervisión de los militares.”

La declaración del Consejo Supremo Militar de Egipto (SCAF) puso en claro que “las fuerzas armadas no participarán del círculo de la política o el gobierno, y los militares rehúsan desviarse de la visión democrática original que fluye de la voluntad popular.” Pero si Ud. cree que los mismos generales que hasta hace dos años realmente gobernaban el país, no quieren recuperar el poder, entonces tengo una pirámide que me gustaría venderle. Los Hermanos Musulmanes de ningún modo son los únicos que ven el comunicado de SCAF exactamente como lo que es: un golpe de estado.

Notablemente, la declaración de SCAF fue recibida con vítores de muchos en el fracturado movimiento opositor, aún de aquellos que todavía llevan las cicatrices de la lucha contra el gobierno militar en Egipto. Como en Argelia, parece que muchos liberales egipcios han decidido que una dictadura militar (como la de Jordania) sería mejor que un gobierno de los Hermanos Musulmanes.

Durante las protestas recientes, algunos manifestantes abiertamente cantaban consignas a favor del retorno del gobierno militar. Sin embargo, para la mayoría no había necesidad de ser tan obvios. El mensaje de la manifestación era claro: si los militares no intervenían en la crisis, las manifestaciones continuarían.

Por supuesto, un escenario así –manifestaciones prolongadas, continuas- no es realmente una opción para Egipto, donde la economía ya está al borde del colapso total. El país necesita desesperadamente miles de millones de dólares en garantías de préstamos del FMI, de las cuales no se entregará ni un centavo hasta que haya algún grado de estabilidad política.

Lo que está claro ahora es que no puede haber tal estabilidad con el gobierno del presidente Morsi. Pero tampoco puede haber ninguna clase de estabilidad con un gobierno de la oposición, que está en tal estado de confusión y desorden que no se puede concebir que sea vista por una fuerza del exterior –y menos por el FMI- como una alternativa seria, viable, al gobierno actual. Eso deja al SCAF como la única fuerza capaz de estabilizar al país, lo cual significa que Egipto puede volver prontamente al status quo previo a la Primavera Árabe: un estado policial opresor que sabe cómo mantener las calles en calma. La única diferencia, por supuesto, será que supuestamente será el general Abdul Fatah Khalil Al-Sisi el que mantenga el orden, en lugar de Hosni Mubarak, el antiguo dictador.

De modo que dentro de unos años, cuando se juramente el Presidente Vitalicio Al-Sisi y los Hermanos Musulmanes, radicalizados por la creencia en que fueron ilegalmente arrojados del poder, decidan rechazar la política y volver a la violencia, podremos ver repetirse la historia con consecuencias igualmente devastadoras.

La culpa es de Morsi. Cómo hundir un país en 369 días.

Publicado por Michael Wahid Hanna el 8 de Julio de 2013 en Foreign Policy.

Digamos esto muy claramente: A nadie le debe agradar la división y el derramamiento de sangre que están ocurriendo en las calles de El Cairo en este momento, especialmente a medida que aumenta la represión militar. Pero también hay que ser claro en esto: Un solo hombre tiene la responsabilidad final por la crisis de liderazgo: Mohamed Morsi.

Con Morsi arbitrariamente detenido por los militares luego de su derrocamiento el 3 de Julio pasado y las fuerzas de seguridad egipcias permitiéndose una represión excesiva y violenta, el ex presidente egipcio y sus Hermanos Musulmanes tienen legítimos reclamos sobre su injustificable tratamiento. Pero no olvidemos cómo llegamos a este macabro punto. La noche del 30 de Junio, encarando protestas y movilización de masas sin precedentes en toda la nación, Morsi fue herido políticamente, quebrantada su legitimidad, dañada irreparablemente su capacidad de gobernar a Egipto. En respuesta a la campaña popular, de base, que llevó a millones a salir a las calles, sectores críticos de la burocracia estatal abandonaron al presidente, dejándolo con un control del poder nominal e ilusorio. Se encontró con un país peligrosamente polarizado, su tejido social deshilachándose. En ese momento Egipto tenía pocas opciones fugaces de evitar la macabra posibilidad de conflictos civiles –y todas dependían de Morsi.

A pesar de heredar insolubles problemas políticos, económicos y sociales, cuando Morsi accedió al poder el 30 de Junio de 2012 tenía opciones – y escogió la ganancia partidista, la política de suma cero y la demagogia populista. En un sistema sin contrapesos que funcionen, esas opciones generaron niveles crecientes de polarización, destruyendo la confianza e incapacitando al estado. Estas decisiones eran un reflejo de su hostilidad a la crítica y de la denigración del rol de la oposición en la sociedad egipcia por los Hermanos Musulmanes y por él mismo. En el periodo anterior a las protestas masivas en el aniversario de la juramentación de Morsi el 30 de Junio de este año, cuando las concesiones y los compromisos podían haber encontrado una salida ordenada para Egipto, en cambio Morsi ofreció a regañadientes promesas gaseosas y gestos huecos.

Las fatídicas, equivocadas decisiones tomadas durante su mandato, antes y después de las manifestaciones del 30 de Junio han colocado ahora a Egipto en el ápice de la lucha civil y el conflicto violento. Un presidente aislado, intransigente, eligió ignorar la realidad y poner al país en rumbo hacia una innegablemente desafortunada intervención militar en la política civil. Mientras que Morsi y los Hermanos Musulmanes ahora asumirán el rol que les es más familiar de víctimas, ayudados significativamente por la brutalidad y estupidez de un represivo sector egipcio de seguridad, la responsabilidad primaria del derrocamiento de Morsi y del peligroso estado de Egipto recae sobre el depuesto presidente y sus Hermanos. Nada de esto era inevitable.

No quiero sugerir que ahora los Hermanos deberían ser expulsados del país, perseguidos o forzados a la clandestinidad. Los Hermanos Musulmanes son un movimiento político, social y religioso orgánico, de profundas raíces y con una base robusta y resistente. Deberían ser parte del futuro de Egipto. Pero su participación en el pasado reciente de Egipto ha sido un desastre sin ningún paliativo.

Las fatales decisiones finales de Morsi confirmaron su visión partidista, insular, que ponía primero a los Hermanos Musulmanes que a la nación. Simplemente, no pudo entender que su sociedad secreta no tenía un monopolio sobre Egipto y que sus victorias electorales no eran un mandato ilimitado. Los Hermanos Musulmanes creyeron que la serie de elecciones del 2011 y 2012, que representaban en muchas maneras las últimas elecciones de la era de Hosni Mubarak, dieron una señal de algo esencial sobre la sociedad egipcia y el lugar de los Hermanos en ella.

Estos rasgos – terquedad, insularidad y paranoia- se mostraron vívidamente mientras Egipto escoraba hacia el 30 de Junio, pero ya se habían manifestado repetidamente durante el corto e infeliz tiempo en el poder de los Hermanos.

Los 369 días en el poder de Morsi se distinguieron por la carencia de reformas, que alejaron a los activistas y reformistas; una falta de reconciliación, que bloqueó cualquier contacto potencial con miembros del antiguo régimen; y un gobierno estrecho, monopólico, que lo enemistó con todas las fuerzas políticas –incluyendo sus antiguos aliados islamistas, particularmente el partido al-Nour, que abandonó a Morsi en sus últimas horas. Este enfoque temerario del poder provocó el alejamiento, paralizó al gobierno y resultó en la represión y el descontento – y la oposición creció.

La lista de cargos es condenatoria y se remonta al periodo inmediato post-Mubarak, cuando los Hermanos decidieron seguir una transición procedimental formalista que veía sólo a las elecciones como la democracia, mientras ignoraba hacer reformas sustantivas a un sistema fallido. La estrecha ventana para enfrentar al estado policial y el capitalismo de los amigotes de Mubarak habría requerido una cierta medida de solidaridad entre las fuerzas que propulsaron el levantamiento contra Mubarak. Pero en la primera de una serie de traiciones, los Hermanos Musulmanes dirigieron el rumbo a reequipar el estado autoritario de Mubarak e incautar sus herramientas de represión, con los Hermanos mismos al timón.

Los Hermanos Musulmanes no sólo ayudaron a elaborar y endosaron el defectuoso mapa de la transición del gobierno militar interino, que estaba lleno de vacíos y omisiones, sino que los Hermanos inmediatamente se dispusieron a estigmatizar a sus oponentes, sobre la base de una burda demagogia sectaria y religiosa. Las fuerzas reformistas y activistas que buscaron desafiar el orden político emergente fueron enlodadas y tratadas como obstáculos en la búsqueda de ganancias partidistas de los Hermanos Musulmanes. Por lo tanto se puso en movimiento una transición insubstancial cuya sola característica definitoria era una agotadora serie de elecciones.

A pesar de esta falta de confianza, muchos reformistas eligieron apoyar a Morsi en su campaña contra Ahmed Shafiq, el incondicional del antiguo régimen de Mubarak, por miedo a una inmediata recaída autoritaria. Estos partidarios de mala gana fueron engatusados con una serie de promesas relativas a un gobierno inclusivo, con compromisos de seleccionar un grupo diverso de consejeros y un grupo diverso para el organismo constituyente del país. Esta astucia fue decisiva para la estrecha victoria electoral de Morsi.

Esas garantías, consagradas en un documento formal hace casi un año, quedaron casi uniformemente sin cumplirse, preparando el escenario para un periodo turbulento de autoritarismo progresivo, pésima administración y profundización de la polarización. Con contrapesos limitados, Morsi buscó castrar al poder judicial mientras iniciaba un esfuerzo concertado, y finalmente inútil, de captura de varias instituciones del estado. Los más condenables en este sentido fueron los esfuerzos por alcanzar un modus vivendi con los antiguos torturadores de los Hermanos en una policía sin reconstruir, cuyas prácticas abusivas continuaron con impunidad. Mientras tanto, Morsi y su gobierno elogiaban a la fuerza de policía y le daban a sus miembros aumentos de sueldo y promociones. Es pertubadoramente irónico que esta fuerza policial esté ahora ocupada en un esfuerzo para reprimir a los Hermanos Musulmanes y a sus partidarios hasta conseguir su conformidad.

Legislativamente, el gobierno de Morsi impulsó legislación restrictiva en varios frentes, incluyendo leyes que impedían los sindicatos independientes e interferían en la operación de organizaciones no gubernamentales. Su gobierno hizo poco para limitar un repunte en los enjuiciamientos por crímenes de expresión, incluyendo casos de blasfemia y aquellos relacionados con insultar a la presidencia. Más aún, el sistema legal fue corrompido y usado como una herramienta política luego de la designación a dedo de un Fiscal General.

Esa designación fue lograda mediante la declaración constitucional dictatorial de Morsi de Noviembre del 2012, que le dio inmunidad temporal de cualquier supervisión judicial y preparó la escena para la contenciosa adopción de un descuidado documento como el texto fundacional del país. Para muchos, este era el acto final para institucionalizar la crisis política de Egipto. La aguda polarización hizo que las acciones básicas de gobierno se volvieran imposibles y fomentó la crisis económica del país – mientras el rápido aumento del desempleo ayudaba a activar la oposición de sectores de la sociedad anteriormente inactivos. La oposición a Morsi ya no estaba limitada geográficamente o definida por la clase social; en cambio, estaba ampliamente dispersa geográficamente, representando a un amplio espectro de la sociedad egipcia, incluyendo a los pobres urbanos y a diversos grupos rurales.

Finalmente, este descontento en rápido crecimiento tomó las calles en manifestaciones que excedieron en tamaño y alcance a las que derrocaron a Mubarak en Enero y Febrero de 2011. Las señales de alarma estaban a la vista de todos, excepto quizás para los despreocupados y arrogantes líderes de los Hermanos Musulmanes.

Mientras que la campaña Tamarod (“Rebelde”) fue una proeza extraordinaria de creatividad y organización, su éxito se basaba primeramente en la indignación y la frustración que se acumulaban en toda la sociedad egipcia contra la administración cada vez más autoritaria, monopolista e incompetente de Morsi. Sin un mecanismo constitucional inmediato para su destitución, millones de personas tomaron las calles pidiendo su salida, esperando algunos que la presión pública lo forzara a renunciar, otros presionando a favor de una intervención militar.

Con esta rotunda demostración de falta de confianza y la frágil situación de seguridad en el país el 30 de Junio, la probabilidad de violencia era alta. Pero en ese momento crucial, Morsi todavía tenía opciones. Él, y sólo él, podía haber bajado el volumen de la retórica y evitado el derramamiento de sangre por venir. En cambio, su imprudente despreocupación aseguró que las soluciones de compromiso no se lograsen. Así Egipto fue abandonado a lo inevitable: un derrocamiento militar y una espiral de guerra callejera.

El reconocimiento de la realidad hubiera sido una salida honorable para Morsi. Un ejecutivo incapacitado con un tenue control de la autoridad que no puede gobernar eficazmente –aún en el tope de su popularidad- ya no está en una posición que le permita cumplir su papel. Una salida segura negociada habría conservado también las ganancias políticas de los Hermanos Musulmanes y asegurado su participación en el diseño de la etapa de transición y las elecciones siguientes. Tal salida también habría reversado su desastrosa decisión de renegar de sus compromisos previos e impugnar la elección presidencial, aliviando por lo tanto a la organización del enorme esfuerzo de gobernar a Egipto durante este periodo tumultuoso.

Tal decisión hubiera requerido que Morsi emprendiese una minuciosa evaluación de sus errores y una valoración objetiva de la dinámica actual del país. Aún cuando estos fuesen unos pasos muy difíciles, eran la única salida de Egipto. En cambio, el país ha elegido un veneno en vez del otro.

Pero al final, no puede emerger ningún orden político que funcione, y menos una transición democrática, sin la participación libre, justa y completa de los Hermanos Musulmanes. Con Morsi ahora incomunicado y supuestamente lleno de justa indignación por su suerte, todavía puede hacer volver a Egipto del borde del abismo. Sin embargo, para hacerlo hace falta que sea un verdadero líder y que haga una dolorosa concesión-poner al futuro de su país primero.

Mucha gente parece llenarse la boca "amenazando" a personeros del alto gobierno venezolano, empezando por el desaparecido presidente, con acusaciones ante la Corte Penal Internacional, por hechos de violación de derechos humanos. Pero hasta hace unas semanas, no había precedente del enjuiciamiento de un ex-jefe de estado. Laurent Gbagbo tiene el dudoso honor de ser el primero. A continuación una nota de un blog de The Economist, Baobab, traducida al español para beneficio de mis amigos.

Laurent Gbagbo y la CPI.

Mirando y esperando.

Baobab; The Economist, 4 de Marzo de 2013. Por A. R. en Yopougon.

Antes de su reino de una década como presidente de la Costa de Marfil, Laurent Gbagbo pasó años como profesor de historia. De modo que se debe haber sentido cómodo dictando clase detrás de un atril en la Corte Penal Internacional el 28 de Febrero. La materia – su defensa contra las acusaciones de crímenes de guerra – fue menos cómoda. Las audiencias comenzaron en Febrero para determinar si el Sr. Gbagbo –el primer ex jefe de estado en enfrentar el enjuiciamiento ante la CPI- será juzgado por cargos relacionados con la violencia que estalló cuando sus partidarios se negaron a aceptar la victoria de Alassane Ouattara en las elecciones presidenciales del 2010 en la Costa de Marfil.

El drama del tribunal ha estado notoriamente ausente de las pantallas de televisión de la patria del Sr. Gbagbo. Pero el jueves 28 de Febrero, África 24, un canal francés, transmitió en vivo el día final de alegatos. En Yopougon, un suburbio de clase obrera de Abidjan, la capital comercial, y un bastión pro-Gbagbo, docenas de personas se amontonaron en un pequeño maquis (un restaurante al aire libre) en una estrecha calle lateral, tomando Coca Cola y cerveza Tuborg, para ver al fiscal de lentes comenzar su alegato de cierre. Yopougon fue testigo de algunos de los hechos de violencia post-electoral más feos. En estos días, está firmemente bajo el pulgar de la FRCI, el ejército nacional creado por el Sr. Ouattara. La antigua sede del partido del Sr. Gbagbo está ahora controlada por la FRCI, la cual, según los que viven cerca, la usa para encarcelar prisioneros políticos. Algunos jóvenes miembros de grupos con conexiones con el ex presidente han desaparecido o muerto, dicen. Simplemente llevar puesta una camiseta con la cara del Sr. Gbagbo puede ganarle a uno una fuerte multa –o algo peor.

En el maquis, una veintena de clientes se arman de paciencia mientras la señal de La Haya se corta  varias veces. La conexión se restablece a tiempo para las palabras finales del ex presidente. Unas fuertes vivas ahogan los primeros segundos. El Sr. Gbagbo agasaja a la corte con una clase de historia sobre los orígenes de la disputada elección. La gente no perdía detalle de cada una de sus palabras. Su porte es plácido, pero sus palabras son desafiantes. “La pregunta es: ¿Quién ganó la elección?”, dice frente al rugido colectivo. Sus partidarios disputan la victoria del Sr. Ouattara hace tres años.

El contingente pro-Gbagbo saborea el prospecto de un juicio. Tres jueces determinarán en 60 días si ocurrirá. Es una oportunidad, dicen, para que por fin emerja la verdad. La reconciliación es otra cosa. “No se puede hablar de reconciliación cuando todos los de un lado están en la cárcel, y el otro lado está en el poder,” dice Masseu Emeline, una peluquera. Otros ofrecen oscuras predicciones de revolución y caos inminentes. Casi dos años después de la aparente resolución de la crisis de la Costa de Marfil, las viejas heridas aún supuran. 
ACTUALIZACIÓN al 4/Marzo/2018:
De acuerdo con la información disponible en el sitio del Tribunal Penal Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), el Sr. Gbagbo continúa preso (desde el 11/Abril/2011) "bajo custodia del Tribunal", mientras se desarrolla su juicio por crímenes de lesa humanidad; a saber: asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución. El 11 de Marzo de 2015, la Sala del Tribunal otorgó el pedido de la Fiscalía de unir el caso de Gbagbo con el de Charles Blé Goudé, un activista militante y mano derecha de Gbagbo durante la crisis post-electoral. El juicio se abrió el 29 de Enero de 2016, y los acusados se declararon "no culpables". El estado actual de la causa es: "El juicio continúa."

La responsabilidad de proteger

Las lecciones de Libia

Los de afuera tenían buenas razones para intervenir en Libia. Pero podría perjudicar a su causa

19 de Mayo de 2011 | de la edición impresa de The Economist

Para aquellos que respaldan una intervención humanitaria musculosa, tanto las palabras como los hechos del coronel Muammar Qaddafi proporcionaban una claridad moral absoluta. “Salgan de sus casas, ataquen [a la oposición] en sus guaridas,” le dijo a sus partidarios el 22 de febrero. Llamó a los manifestantes “cucarachas” y “ratas” que no merecían vivir: un lenguaje escalofriantemente parecido a las transmisiones de Radio Mille Collines, que espoleó a los autores del genocidio de Ruanda en 1994.

Mientras hablaba, sus fuerzas habían apuntado sus miras contra Benghazi, la fortaleza de sus adversarios. Según Human Rights Watch, un grupo basado en Nueva York, las fuerzas del gobierno ya habían matado a 223 personas la semana anterior. La llamada a un baño de sangre, en una ciudad de 700.000 habitantes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invocó una formula fatídica, urgiendo al régimen a cumplir su “responsabilidad de proteger” a su pueblo. El 17 de marzo el consejo, “expresando su determinación de asegurar la protección de los civiles”, ordenó los ataques aéreos.

Eso preparó el escenario para la primera prueba completa de un principio que la ONU adoptó en 2005 y que ha venido refinando desde entonces. La doctrina de la “responsabilidad de proteger” (R2P, por sus siglas en inglés) sostiene que cuando un estado soberano fracasa en evitar atrocidades, los gobiernos extranjeros pueden intervenir para detenerlas. Los defensores de los derechos humanos dicen que salva vidas. Los escépticos la ven como demasiado fácil de emplear mal para que sea útil: una pantalla para cubrir el imperialismo, o inclusive un incentivo para matar (puesto que aún si no se está fraguando una masacre, un caudillo inescrupuloso podría caer en la tentación de tramar una contra su propio pueblo para estimular el apoyo externo).

Los usos anteriores de la R2P han sido aventuras en solitario. En 2008, Rusia la usó para justificar el ataque a Georgia, y Francia la citó luego del ciclón en Myanmar, implicando que habría que traer ayuda humanitaria a la fuerza si el régimen persistía en sus tácticas obstruccionistas (el gobierno cedió). Pero antes de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU no había autorizado ninguna misión que citara tan explícitamente el nuevo principio.

Ciénagas y nieblas

Al principio parecía probable que la doctrina triunfara o muriera en Libia. Pero dos meses y miles de ataques aéreos más tarde, la turbia realidad de la guerra simplemente ha endurecido las posiciones en ambos lados. Por una parte, la decisión de ir a la guerra se hizo de buena fe en un momento en que el riesgo de masacres parecía real. Como apunta el profesor Mats Berdal de King’s College de Londres, las principales potencias mundiales tienen buenas razones para pensar que estaban “evitando una Srebrenica” -la masacre de bosnios que las fuerzas de la ONU fueron incapaces de impedir en Julio de 1995.

Pero según la guerra se va alargando y la OTAN ataca más ampliamente, los escépticos sienten que su caso también ha sido reafirmado. “Para los que temíamos que la R2P fuese sólo una orden de guerra, nuestros temores han sido justificados,” dice David Rieff, un partidario convertido en crítico.

La responsabilidad de proteger ganó terreno luego de las espantosas matanzas masivas a fines del siglo XX, incluyendo las masacres por los Khmer Rouge en Cambodia en los 1970s; el uso de armas químicas en Irak en 1988; y la limpieza étnica en Bosnia. En 1999 la OTAN desató una guerra aérea, sin la bendición de la ONU, para detener una campaña serbia en la provincia de Kosovo. Sostuvo que la necesidad de proteger a los civiles era un imperativo moral abrumador. La ONU le dio una especie de bendición retrospectiva al endosar un tutelaje internacional del territorio, liderado por Bernard Kouchner, un pionero francés de la intervención humanitaria.

Pero la terrible guerra civil en Irak que siguió a la invasión estadounidense en 2003 –descrita como una intervención contra la tiranía- marchitó el apoyo de la doctrina. Las dudas para intervenir y detener al gobierno genocida sudanés en Darfur pueden haber sido una consecuencia de lo anterior.

Buscando restaurar la buena reputación del guerrerismo liberal, un grupo liderado por Gareth Evans, un ex-ministro de relaciones exteriores australiano, presionó a la conferencia del 60º aniversario de la ONU, en 2005, para que refrendara la idea de que el mundo tiene una “responsabilidad de proteger” a los civiles. Eventualmente, más de 150 países acordaron permitir la intervención armada a través del Consejo de Seguridad “si los medios pacíficos son inadecuados y las autoridades nacionales fracasan manifiestamente en la protección de sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.”

Tanto por la teoría. ¿Y qué sobre la práctica? El coronel Qaddafi suministró una prueba casi única. Los líderes regionales lo detestaban y rápidamente lo abandonaron. El apoyo de la Liga Árabe a la intervención impidió que China y Rusia ejercieran sus vetos. Y la concentración de rebeldes en el este, combinada con un terreno plano desértico, convirtió a las fuerzas del régimen inicialmente en blancos fáciles del bombardeo. “Los astros estaban bien alineados en el caso de Libia,” dice el Sr. Evans. “Se cumplieron todos los criterios.”

La meta inmediata de proteger a Benghazi de la masacre se logró en días. Habiendo destruido las defensas aéreas de Libia, la paliza que les dieron los bombarderos y misiles occidentales a las tropas en avance las obligó a una veloz retirada.

Luego siguieron decisiones más difíciles. El ejército libio continuó cañoneando otras ciudades rebeldes, y sus francotiradores estaban apuntando abiertamente a los civiles. Proteger a todos los libios, no sólo a aquellos en el este, requeriría el fin del gobierno del Coronel Qaddafi- un resultado que ya habían pedido tanto los gobiernos occidentales como los árabes. La OTAN aumentó su campaña militar, bombardeando a las columnas en retirada así como a las que avanzaban, y atacando los centros de comando y control frecuentados por el coronel Qaddafi y su familia. El 30 de abril un ataque aéreo mató a uno de sus hijos. La línea entre frenar las atrocidades y una guerra aérea para cambiar el régimen se hizo borrosa- a pesar de que una operación terrestre está descartada, por ahora.

Su guerra es mi argumento

Ambos lados del debate citarán a Libia con entusiasmo la próxima vez que parezca inminente un asesinato de masas. Eso demuestra que una dosis modesta de poder aéreo puede salvar vidas; pero también que la retórica de la protección de los civiles se puede estirar hasta justificar una misión cada vez más intensa. La política del poder decide que vidas se salvarán, y cuáles objetivos de política triunfan.

El Sr. Rieff condena “un sistema de dos niveles con interventores e intervenidos”, donde “las antiguas potencias imperiales” hacen las reglas de juego. ¿Pero cuáles potencias, exactamente? El voto sobre Libia se aprobó sólo porque los no-occidentales Rusia y China se reservaron sus vetos en el Consejo de Seguridad: algo que hubiera sido inimaginable hasta hace poco. Ambos países se están arrepintiendo ahora, alegando el uso indebido del elástico lenguaje de la resolución. Por razones diferentes, el Sr. Evans se lamenta también del exceso de celo: él quiere preservar la pureza de la R2P, y teme una interpretación que permita una “guerra de agresión total”. Mucho se juega en esta guerra-y no solamente para los libios.

NOTA FINAL: El destino posible de Venezuela también se juega en Libia, igual que en la Costa de Marfil. Poco a poco, las opciones para las próximas elecciones y sus resultados se van definiendo: parece cada vez más difícil que un candidato desconozca los resultados legítimos de las elecciones, y que intente una medida "de fuerza" para conservar el poder.

Justicia Internacional en África - El Tribunal Penal Internacional muestra sus dientes

A muchos africanos les molesta el TPI, pero los sucesos recientes sugieren que ahora no lo podrán ignorar tanto

12 de Mayo de 2011 | JOHANNESBURG | de la edición impresa de The Economist

El Tribunal Penal Internacional en La Haya está por abrir una investigación formal sobre la violencia post-electoral en la Costa de Marfil a pedido de su nuevo presidente, Alassane Ouattara. Esto podría llevar al enjuiciamiento de Laurent Gbagbo, su despótico predecesor, cuya negativa a ceder el poder luego de perder una elección llevó a cientos de muertes. En Libia el coronel Muammar Qaddafi, el líder más antiguo en el poder en África, se pregunta si deberá encarar la misma suerte, luego de que el fiscal jefe del TPI anunciara que intentará obtener tres órdenes de detención (cuyos nombres no han sido divulgados aún) para los supuestos responsables de la matanza de cientos de personas desarmadas desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia en febrero pasado. El régimen post-revolucionario egipcio dice que desea afiliarse al TPI, el primer tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo, quizás con la esperanza de ver a su propio déspota caído, Hosni Mubarak, llevado ante la justicia. El nuevo Túnez también está ansioso de unirse al tribunal. En La Haya se espera una sentencia dentro de unos meses en el juicio de Charles Taylor, el ex-presidente de Liberia, ante un tribunal especial para Sierra Leone. En Sudán el presidente Omar al-Bashir aún se cuida de no caer en las redes del TPI, tres años después de haber sido acusado de genocidio en la provincia occidental de Darfur, en su país.

Los déspotas africanos, pasados y presentes, varios de los cuales le han dado un feliz corte de mangas al tribunal, puede que lo estén viendo más nerviosamente. La negativa de sus países a unirse al TPI, formado en 2002, no los pone fuera de su alcance. Los estatutos del tribunal le permiten enjuiciar a gente sospechosa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometido en cualquier estado miembro cuando ese estado está “reacio o incapaz” de hacerlo ellos mismos. Hasta ahora, esto se ha hecho a pedido del estado mismo, como en Uganda, la República Centro-Africana (CAR) y el Congo. Pero también puede investigar las atrocidades en estados no miembros a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, si se cree que amenazan la paz y la seguridad regionales o internacionales. Esto es lo que pasó con Darfur, cuando el Consejo de Seguridad llamó la atención del tribunal a las atrocidades por primera vez. Ahora el consejo ha referido también a Libia al tribunal.

Esta ha sido una ruta difícil. Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad –los Estados Unidos, Rusia y China- no se unieron al TPI. La amenaza de veto de sólo uno de ellos es suficiente para bloquear una referencia en debate. Pero con Darfur, la alarma internacional sobre la extensión del derramamiento de sangre y de las violaciones persuadió a los Estados Unidos y a China a abstenerse en lugar de oponerse a referir a Sudán al TPI en 2005. Desde entonces el Consejo de Seguridad de la ONU ha enviado sólo otro caso al tribunal. Pero los partidarios del tribunal se han entusiasmado con el voto unánime contra Libia en febrero, argumentando que podría ser un hito en los nueve años de lucha de la organización para lograr la aceptación mundial.

El cambio de actitud de los Estados Unidos ha ayudado. Antes un crítico feroz, en las palabras de un funcionario estadounidense, los EEUU han “reajustado su posición automática… de hostilidad a compromiso positivo” bajo Barack Obama. Pero el respaldo futuro de Rusia y China a referencias al TPI es mucho menos probable. La mayoría del mundo árabe se niega a aceptar un tribunal que gran parte del mundo pobre aún ve como un tribunal dominado por Occidente, con intenciones de hacer rendir cuentas a los que menos tienen mientras le otorga impunidad a los ricos y poderosos. Jordania es el único miembro árabe del TPI.

Estos días los principales opositores del TPI están en África, la que provee al tribunal con su mayor grupo de miembros (31 de 114) y es el escenario de todos los casos bajo investigación o enjuiciados actualmente: en la CAR, el Congo, la Costa de Marfil, Kenia, Libia, Sudán y Uganda. Al acusar al tribunal de apuntar injustamente a los países africanos, la Unión Africana (AU) está haciendo nuevamente un llamado para “soluciones africanas a los problemas africanos”. La AU rechaza particularmente la voluntad creciente del tribunal de enjuiciar presidentes en funciones. En su reunión cumbre el mes que viene planea extender la autoridad de su Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos sobre casos penales y civiles. Los abogados internacionales tales como Richard Dicker de Human Rights Watch, un grupo de presión basado en Nueva York, ven esto como un intento de sortear el TPI.

Puede que no funcione. La razón de que haya tantos casos africanos en el tribunal no es la falta de imparcialidad; todos los casos del TPI han sido referidos al tribunal por el Consejo de Seguridad de la ONU o por los países mismos. Esto se debe a que las normas de la justicia en África a menudo son mediocres. Los tribunales en muchas partes del continente están rellenos de jueces complacientes listos para hacer lo que requieran sus amos. Es más, los intentos de crear un sistema regional de justicia africano han fallado hasta ahora. El Tribunal Africano, bajo la égida de la AU, nunca ha emitido una sentencia digna de mención. El compromiso de la AU de asegurar que Hissène Habré, responsable de miles de muertes como presidente de Chad en los 1980s, sea llevado frente a la justicia no ha sido cumplido. El tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, establecido en 2005, ha sido virtualmente suspendido desde que Zimbabwe se negó a aceptar su prohibición de la expropiación de las fincas blancas y el club regional de 15 países se mostró renuente a hacer cumplir sus sentencias.

El TPI se estableció como un tribunal de último recurso. No puede tomar casos si el país en cuestión tiene un sistema de justicia independiente, competente, listo para acusar a los supuestos autores y darles un juicio justo. Sus estatutos no dicen nada sobre tener que ceder la jurisdicción a los tribunales regionales. Muchos líderes autocráticos africanos parecen listos para proteger de la ley a sus colegas descarriados, en caso que algún día necesiten que les devuelvan el favor. La AU ha estado tratando de conseguir por los últimos tres años que el Consejo de Seguridad suspenda el juicio del TPI contra el Sr. Bashir. Kenia, quien como miembro del TPI está obligada a ayudar a arrestar a todos los acusados del tribunal, recibió al líder sudanés en su capital, Nairobi, el año pasado. El Sr. Bashir visitó alegremente a Djibouti, un miembro del TPI, este mes.

La gran debilidad del TPI, aparte de su costo astronómico y sus dilatados juicios, es su dependencia de otros para ayudarlo a arrestar a los sospechosos. Pero hasta esto puede estar cambiando. Suráfrica y Botswana han dicho que el Sr. Bashir no es bienvenido allí. El Congo ha entregado tres de sus sospechosos al tribunal y Francia un cuarto, mientras que Bélgica ha entregado a Jean-Pierre Bemba, un ex-vicepresidente congolés, por supuestas atrocidades en la CAR. Los EEUU están apoyando activamente la caza de cuatro líderes rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda (Lord’s Resistance Army), que continúa causando estragos en la región. Algunos sospechosos, incluyendo tres líderes rebeldes Darfuri y seis Kenianos, se han entregado al tribunal voluntariamente. Otros cinco están bajo custodia, incluyendo cuatro enjuiciados. Así que el tribunal, a pesar de que todavía se ve ampliamente en África con desconfianza y a veces hasta con burla, aún puede probar que tiene dientes.

Nota final: En vista de lo que está pasando con Laurent Gbagbo, ¿qué pensarán los aludidos más cerca de casa?