Justicia Internacional en África - El Tribunal Penal Internacional muestra sus dientes

A muchos africanos les molesta el TPI, pero los sucesos recientes sugieren que ahora no lo podrán ignorar tanto

12 de Mayo de 2011 | JOHANNESBURG | de la edición impresa de The Economist

El Tribunal Penal Internacional en La Haya está por abrir una investigación formal sobre la violencia post-electoral en la Costa de Marfil a pedido de su nuevo presidente, Alassane Ouattara. Esto podría llevar al enjuiciamiento de Laurent Gbagbo, su despótico predecesor, cuya negativa a ceder el poder luego de perder una elección llevó a cientos de muertes. En Libia el coronel Muammar Qaddafi, el líder más antiguo en el poder en África, se pregunta si deberá encarar la misma suerte, luego de que el fiscal jefe del TPI anunciara que intentará obtener tres órdenes de detención (cuyos nombres no han sido divulgados aún) para los supuestos responsables de la matanza de cientos de personas desarmadas desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia en febrero pasado. El régimen post-revolucionario egipcio dice que desea afiliarse al TPI, el primer tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo, quizás con la esperanza de ver a su propio déspota caído, Hosni Mubarak, llevado ante la justicia. El nuevo Túnez también está ansioso de unirse al tribunal. En La Haya se espera una sentencia dentro de unos meses en el juicio de Charles Taylor, el ex-presidente de Liberia, ante un tribunal especial para Sierra Leone. En Sudán el presidente Omar al-Bashir aún se cuida de no caer en las redes del TPI, tres años después de haber sido acusado de genocidio en la provincia occidental de Darfur, en su país.

Los déspotas africanos, pasados y presentes, varios de los cuales le han dado un feliz corte de mangas al tribunal, puede que lo estén viendo más nerviosamente. La negativa de sus países a unirse al TPI, formado en 2002, no los pone fuera de su alcance. Los estatutos del tribunal le permiten enjuiciar a gente sospechosa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometido en cualquier estado miembro cuando ese estado está “reacio o incapaz” de hacerlo ellos mismos. Hasta ahora, esto se ha hecho a pedido del estado mismo, como en Uganda, la República Centro-Africana (CAR) y el Congo. Pero también puede investigar las atrocidades en estados no miembros a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, si se cree que amenazan la paz y la seguridad regionales o internacionales. Esto es lo que pasó con Darfur, cuando el Consejo de Seguridad llamó la atención del tribunal a las atrocidades por primera vez. Ahora el consejo ha referido también a Libia al tribunal.

Esta ha sido una ruta difícil. Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad –los Estados Unidos, Rusia y China- no se unieron al TPI. La amenaza de veto de sólo uno de ellos es suficiente para bloquear una referencia en debate. Pero con Darfur, la alarma internacional sobre la extensión del derramamiento de sangre y de las violaciones persuadió a los Estados Unidos y a China a abstenerse en lugar de oponerse a referir a Sudán al TPI en 2005. Desde entonces el Consejo de Seguridad de la ONU ha enviado sólo otro caso al tribunal. Pero los partidarios del tribunal se han entusiasmado con el voto unánime contra Libia en febrero, argumentando que podría ser un hito en los nueve años de lucha de la organización para lograr la aceptación mundial.

El cambio de actitud de los Estados Unidos ha ayudado. Antes un crítico feroz, en las palabras de un funcionario estadounidense, los EEUU han “reajustado su posición automática… de hostilidad a compromiso positivo” bajo Barack Obama. Pero el respaldo futuro de Rusia y China a referencias al TPI es mucho menos probable. La mayoría del mundo árabe se niega a aceptar un tribunal que gran parte del mundo pobre aún ve como un tribunal dominado por Occidente, con intenciones de hacer rendir cuentas a los que menos tienen mientras le otorga impunidad a los ricos y poderosos. Jordania es el único miembro árabe del TPI.

Estos días los principales opositores del TPI están en África, la que provee al tribunal con su mayor grupo de miembros (31 de 114) y es el escenario de todos los casos bajo investigación o enjuiciados actualmente: en la CAR, el Congo, la Costa de Marfil, Kenia, Libia, Sudán y Uganda. Al acusar al tribunal de apuntar injustamente a los países africanos, la Unión Africana (AU) está haciendo nuevamente un llamado para “soluciones africanas a los problemas africanos”. La AU rechaza particularmente la voluntad creciente del tribunal de enjuiciar presidentes en funciones. En su reunión cumbre el mes que viene planea extender la autoridad de su Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos sobre casos penales y civiles. Los abogados internacionales tales como Richard Dicker de Human Rights Watch, un grupo de presión basado en Nueva York, ven esto como un intento de sortear el TPI.

Puede que no funcione. La razón de que haya tantos casos africanos en el tribunal no es la falta de imparcialidad; todos los casos del TPI han sido referidos al tribunal por el Consejo de Seguridad de la ONU o por los países mismos. Esto se debe a que las normas de la justicia en África a menudo son mediocres. Los tribunales en muchas partes del continente están rellenos de jueces complacientes listos para hacer lo que requieran sus amos. Es más, los intentos de crear un sistema regional de justicia africano han fallado hasta ahora. El Tribunal Africano, bajo la égida de la AU, nunca ha emitido una sentencia digna de mención. El compromiso de la AU de asegurar que Hissène Habré, responsable de miles de muertes como presidente de Chad en los 1980s, sea llevado frente a la justicia no ha sido cumplido. El tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, establecido en 2005, ha sido virtualmente suspendido desde que Zimbabwe se negó a aceptar su prohibición de la expropiación de las fincas blancas y el club regional de 15 países se mostró renuente a hacer cumplir sus sentencias.

El TPI se estableció como un tribunal de último recurso. No puede tomar casos si el país en cuestión tiene un sistema de justicia independiente, competente, listo para acusar a los supuestos autores y darles un juicio justo. Sus estatutos no dicen nada sobre tener que ceder la jurisdicción a los tribunales regionales. Muchos líderes autocráticos africanos parecen listos para proteger de la ley a sus colegas descarriados, en caso que algún día necesiten que les devuelvan el favor. La AU ha estado tratando de conseguir por los últimos tres años que el Consejo de Seguridad suspenda el juicio del TPI contra el Sr. Bashir. Kenia, quien como miembro del TPI está obligada a ayudar a arrestar a todos los acusados del tribunal, recibió al líder sudanés en su capital, Nairobi, el año pasado. El Sr. Bashir visitó alegremente a Djibouti, un miembro del TPI, este mes.

La gran debilidad del TPI, aparte de su costo astronómico y sus dilatados juicios, es su dependencia de otros para ayudarlo a arrestar a los sospechosos. Pero hasta esto puede estar cambiando. Suráfrica y Botswana han dicho que el Sr. Bashir no es bienvenido allí. El Congo ha entregado tres de sus sospechosos al tribunal y Francia un cuarto, mientras que Bélgica ha entregado a Jean-Pierre Bemba, un ex-vicepresidente congolés, por supuestas atrocidades en la CAR. Los EEUU están apoyando activamente la caza de cuatro líderes rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda (Lord’s Resistance Army), que continúa causando estragos en la región. Algunos sospechosos, incluyendo tres líderes rebeldes Darfuri y seis Kenianos, se han entregado al tribunal voluntariamente. Otros cinco están bajo custodia, incluyendo cuatro enjuiciados. Así que el tribunal, a pesar de que todavía se ve ampliamente en África con desconfianza y a veces hasta con burla, aún puede probar que tiene dientes.

Nota final: En vista de lo que está pasando con Laurent Gbagbo, ¿qué pensarán los aludidos más cerca de casa?