Agarrando activos

Cualquiera que le dá un vistazo a la economía nacional y a las políticas expresas e implícitas que aplica el gobierno nacional, sale bastante preocupado por las tormentas que se avecinan. Las tormentas que esperamos son las que cosechan los que siembran vientos tales como no discutir ni firmar contratos colectivos, no pagar a los proveedores, especialmente a aquellos que suministran tecnologías productivas, permitir el saqueo indiscriminado de industrias diversas, desde la agricultura de predios pequeños (¿qué tal unas 300 Has de caña de azúcar en el estado Cojedes) hasta grandes empresas electroquímicas (como Venalum, con una capacidad nominal original de 280.000 Tpa Al primario) y la "primera industria" nacional -la petrolera. A partir de estos inicios, lograremos aumentar el desempleo, la pobreza, el malestar social, político y evidentemente el económico, la violencia y las protestas por todos lados (como la de hoy en La Guaira, frente a la Casa Guipuzcoana) y en general empeorar el clima nacional. Pero ésta no es mi opinión solamente. Los siguientes economistas ya se pronunciaron mediante un documento que circula ampliamente: Sary Levy, Domingo Maza Zavala, Pedro Palma, Hector Silva Michelena, Hector Malave Mata, Humberto Garcia Larralde, Carlos Hernandez Delfino, Isaac Mencia, Francisco Faraco, Jose Guerra, Orlando Ochoa, Victor Olivo, Luis Carlos Palacios, Teodoro Petkoff, Ronald Balza, Jesus Casique, Alcides Villalba y William Camacaro. Y por si faltaba algo, el Economist.com coincide en los "vaticinios". 

Todo el que pueda, ¡prepárese!

 Tomado de Economist.com, 12-05-2009; traducción propia.

El gobierno de Venezuela se apodera de más de la industria del petróleo y el gas.

En el último episodio de la ofensiva para aumentar su control sobre la industria venezolana del petróleo y el gas, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha anunciado su intención de confiscar los activos de 60 compañías locales y extranjeras de servicios petroleros. A la larga, la movida puede resultar contraproducente, si exacerba el descenso en la producción de petróleo y en el ingreso por exportaciones, y disuade de entrar en el país a otros inversionistas privados y contratistas.

Las tomas de los activos fueron anunciadas el 8 de mayo, un día después que la Asamblea Nacional, que está controlada por el gobierno, aprobó una ley facilitando la expansión de la dominación del sector por el estado. La ley también dice que el gobierno pagará el valor en libros de los activos y que puede entregar bonos en lugar de efectivo como compensación. La propiedad confiscada incluye al menos 13 taladros, unos 39 terminales, cerca de 300 lanchas y otras instalaciones. Todos los contratistas operan en el área del Lago de Maracaibo en el estado Zulia, un centro principal de producción petrolera en el país. Según un estimado, 8.000 empleados que trabajan para las firmas privadas serán absorbidos por la compañía estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). Otras fuentes estiman que hasta 22.000 trabajadores podrían ser despedidos.

Esta no es la primera vez que el gobierno ha nacionalizado propiedades en el sector petrolero. En 2007, tomó el mando de cuatro sociedades de crudo pesado en la Faja del Orinoco, forzando a los socios privados a tomar posiciones minoritarias en las operaciones. (En vez de eso dos compañías, ExxonMobil y ConocoPhillips, optaron por salir de esas sociedades) Las regalías a pagar por las empresas petroleras también han sido aumentadas.

Además, ha habido nacionalizaciones similares en otros sectores, incluyendo electricidad, telecomunicaciones, cemento, agricultura y distribución de alimentos. El Sr. Chávez ha dicho que su gobierno tiene intenciones de tomar en breve el control del Banco de Venezuela, una filial local del Grupo Santander de España.  Y el 10 de marzo anunció la expropiación de al menos ocho fincas adicionales, totalizando 28.417 acres en el estado Barinas.

Al ataque

El Sr. Chávez, recientemente envalentonado por la victoria en un referéndum el 15 de febrero, que le permitirá ser candidato presidencial indefinidamente (ha estado en el poder desde 1999) se ha embarcado en una campaña cada vez más agresiva, no sólo contra el sector privado sino también contra sus opositores políticos, especialmente los gobernadores y alcaldes de la oposición, elegidos en las elecciones regionales de noviembre pasado.

El más importante de estos opositores, Manuel Rosales, el alcalde de Maracaibo (la segunda ciudad de Venezuela y la capital del estado Zulia) y el candidato opositor en las elecciones presidenciales del 2006, se ocultó luego de un presunto acoso por los servicios de inteligencia y en abril pidió y le fue otorgado asilo político en el Perú. La Asamblea Nacional también ha despojado a Antonio Ledezma, el alcalde opositor de Caracas, de casi toda su autoridad para gastar fondos públicos. Otros han sido arrestados o se están ocultando.

Tiempos más duros

Las últimas tomas de empresas ocurren justo cuando Venezuela está entrando en lo que se espera que sea una recesión severa y cuando el ingreso petrolero que gana PDVSA ha disminuido agudamente debido a una caída de la producción y una baja en los precios petroleros globales desde mediados del año pasado. El gobierno sostiene que la producción es de más de 3 millones de barriles por día, pero la Agencia Internacional de la Energía y otros la colocan cerca de 2,3m bpd. Los precios han caído un 60% desde Julio de 2008. Esto ha tenido un serio impacto en las finanzas públicas, mas de 50% de las cuales se generan por impuestos cobrados a PDVSA y otras empresas petroleras.

Los especialistas de la industria afirman que el gobierno ha estado agotando el sector petrolero estatal durante años, limitando su capacidad de invertir y mantener la producción. La crisis de efectivo en PDVSA –que no sólo financia al gobierno central sino a una variedad de programas sociales- la llevó a suspender los pagos a los contratistas petroleros privados el pasado agosto. Debía US$13,8 millardos para fines de 2008, de acuerdo con el periódico local El Universal, que citaba un informe de fin de año enviado a la Asamblea Nacional. Un número de contratistas ha reaccionado suspendiendo las operaciones o sacando de servicio los taladros. PDVSA ha estado tratando de renegociar su deuda, pidiendo un fuerte descuento de las facturas vencidas. (El gobierno se ha quejado durante años de la excesiva inflación de costos en el sector de servicios petroleros.) Aún antes de la toma, una empresa estadounidense, Williams, había declarado como pérdida US$241 millones de facturas por pagar de Venezuela.

La apropiación de los activos de los contratistas, sea como un acto de desesperación debido al creciente deterioro de la posición financiera de PDVSA o motivada más por consideraciones políticas –y el deseo del Sr. Chávez de construir un estado socialista- podría hacer más daño a la atribulada empresa petrolera y a la economía. PDVSA está mal equipada para manejar el trabajo de las compañías de servicios y las expropiaciones van a desanimar a otros operadores privados de hacer inversiones o participar en licitaciones en Venezuela. El gobierno está planificando una nueva subasta para ayudar a desarrollar el bloque petrolero Carabobo en la Faja del Orinoco (la primera subasta de este tipo en una década), que será crítica para levantar el nivel declinante de la producción. El desarrollo podría involucrar inversiones de hasta unos US$80 millardos.

El gobierno está contando con el hecho de que algunos inversionistas potenciales puedan estar dispuestos a asumir el riesgo –a pesar de la inseguridad legal, el alto costo de producción y una pesada carga tributaria- dado el enorme tamaño de las reservas del Orinoco y la escasez relativa de oportunidades de exploración y desarrollo en otras partes. Más aún, a diferencia de otras naciones grandes productoras de petróleo, Venezuela permite que las compañías extranjeras tengan una porción minoritaria en empresas que explotan campos petroleros.

La crisis económica inminente

En lugar de replantear el modelo de desarrollo liderado por el estado al encarar condiciones económicas domésticas y globales mucho más difíciles, es probable que las políticas crecientemente radicales del gobierno de Chávez prolonguen, en vez de aliviar, una inminente recesión económica. Los datos del cuarto trimestre del 2008 confirman que el crecimiento se está frenando bruscamente, a 3,2%, de 7,3% y 4,1% en el segundo y el tercer trimestres respectivamente. El frenazo en la inversión fija ha sido particularmente dramático, contrayéndose un 3,2% comparado con un crecimiento de 20-30% en 2007. El deterioro del ambiente de negocios es el factor principal detrás de este descenso, a medida que las condiciones de operación crecientemente retadoras han desalentado la inversión de capital privado.

Luego de meses de inacción frente a una economía global en deterioro, el gobierno el 21 de marzo anunció ajustes moderados en el gasto y los impuestos y una colocación masiva de deuda pública, en un intento de amortiguar el impacto de la recesión global y de la caída pronunciada en los precios del petróleo. Sin embargo, estas medidas son inadecuadas para manejar la severidad de la recesión inminente y no podrán evitar una brusca ampliación del déficit del gobierno central.

Más aún, en un momento en que el gobierno haría mejor en tratar con el sector privado para estimular la inversión y la producción, está expandiendo su control sobre la economía en formas que sólo desalientan los desembolsos privados en todos los sectores.

Como resultado, la Economist Intelligence Unit espera que la economía en su conjunto se reduzca un 5% en 2009 y que la ulterior radicalización de la política económica y una extensión de los controles profundicen la recesión en el 2010 (con una contracción de 5,4%). Al mismo tiempo, la continuada declinación de la capacidad de producción petrolera limitará los beneficios del aumento previsto en los precios petroleros globales.